Un plan con alto costo para los ciudadanos

El decreto de privatización contempla dos etapas: una primera que licitará 675 kilómetros del Corredor 18, incluidas rutas nacionales clave como la 12, la 14 y el Puente Rosario-Victoria; y una segunda etapa que abarca más de 8.400 kilómetros actualmente gestionados por Corredores Viales. Esta autovía, que conecta Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes con Uruguay y otros países vecinos, concentra el 80 por ciento del tránsito nacional y es esencial para el comercio exterior y la logística regional.

Uruguay, como socio comercial clave, enfrenta también los impactos de esta política. Sin embargo, en lugar de articular una respuesta regional para proteger el corredor vial, el gobierno uruguayo no ha tomado medidas para mitigar los efectos de la privatización, que seguramente repercutirán en el costo del transporte y las exportaciones.

Desinversión y peajes: la doble cara del ajuste

Mientras se promociona la privatización como solución a los problemas de mantenimiento, el gobierno argentino ha recortado el 95 por ciento de las obras en provincias y municipios, transfiriendo la responsabilidad a las administraciones locales. De los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, solo 1.000 kilómetros –principalmente en accesos a grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba– son considerados rentables para peajes. Las provincias más pequeñas, que dependen de estos corredores para la competitividad de sus productos, quedan relegadas al olvido.

En Uruguay, el sistema de concesiones y peajes también ha sido motivo de críticas. Las altas tarifas que enfrentan transportistas y ciudadanos contrastan con la falta de mejoras sustanciales en las infraestructuras. Este modelo, compartido ahora por ambos países, parece más enfocado en beneficiar a concesionarios privados que en garantizar rutas seguras y accesibles.

El comercio y las economías regionales en riesgo

Organizaciones como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) han advertido sobre las consecuencias de este plan. Las rutas nacionales 12 y 14, fundamentales para conectar Misiones, Corrientes y Entre Ríos con Buenos Aires y Uruguay, son ejes de la logística del Mercosur. Sin embargo, su deterioro y las crecientes tarifas de peaje incrementarán los costos operativos de las empresas, afectando la competitividad regional y encareciendo los productos básicos para los ciudadanos de ambos lados del Río de la Plata.

En un contexto donde la integración regional debería ser prioridad, los gobiernos de Argentina y Uruguay optan por entregar la infraestructura estratégica a intereses privados, desarticulando la conectividad y priorizando los balances fiscales por sobre las necesidades de sus pueblos. Lejos de fortalecer el Mercosur, estas políticas privatizadoras solo profundizan desigualdades y limitan las oportunidades de desarrollo.