Gandini afirmó que la negativa del Estado a proporcionar la información solicitada "no es compatible con la claridad, publicidad y transparencia que demandan las normas internacionales y nacionales", recordando la obligación estatal de garantizar el acceso público a información ambiental, de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

La sentencia señala que el Estado no solo omitió entregar el memorando completo, sino que también censuró gran parte del anexo, lo que, según el juez, requiere una justificación legal detallada. Gandini subrayó que cualquier excepción en la divulgación debe basarse en criterios claros y estar debidamente fundamentada, como exige la Ley 18.381 sobre la clasificación de información reservada.

El caso fue iniciado por el activista ambiental Raúl Viñas, quien denunció la negativa del Ejecutivo a proporcionarle el acceso al memorando firmado con HIF Global. En la primera audiencia, el gobierno se comprometió a entregar el memorando, pero no el anexo, que contiene detalles financieros del proyecto. Tras una consulta a la empresa chilena, se entregó un documento parcialmente censurado, lo que generó más controversia.

Gandini criticó la actitud del Estado, calificando su proceder como confuso e incompatible con las normas de transparencia que rigen la divulgación de información ambiental.