En tanto, la denuncia contra Correa corresponde a que el exseguridad asegura que el entonces director de Inteligencia habría borrado los mensajes que mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou antes de ser detenido en la residencia presidencial de Suarez y Reyes, justo después de haber vuelto de un viaje a Costa Rica con el mandatario y su familia.

El exdirector de Inteligencia fue quien llevó a cabo el arresto de Astesiano aquel 25 de setiembre del año 2022 junto con otro uniformado. Sin embargo, antes de proceder, Correa, Lacalle Pou y Astesiano se reunieron durante media hora en una habitación.

Según los familiares del excustodio, fue allí donde Correa procedió a borrar los mensajes entre el presidente y Astesiano delante del mandatario. Esto revelaría la duda y confirmaría la única teoría que había remarcado el periodista Lucas Silva en su libro.

"Solo una de las hipótesis que manejó Policía Científica parecería quedar en pie: alguien borró las conversaciones con Lacalle Pou que estaban en el celular de Astesiano. Hasta el momento la investigación de fiscalía no ha logrado identificar quién lo hizo y cuando pasó", asegura la publicación.

Astesiano había dicho varias veces en declaraciones que había sido Correa quien borró los mensajes. Sin embargo, desde la Fiscalía aseguraron que no es posible determinar quién borró los mensajes ni cuando. En tanto, la fiscal Sabrina Corra, la predecesora de Fossati, dejó asentado en el expediente que la coordinación entre la Fiscalía y la Policía "no fue la ideal".

La semana pasada Astesiano dio a conocer un documento del 3 de octubre de 2022, donde Fossati pide remitir nuevamente su celular a Policía Científica.

Según surge del expediente, el pedido fue “a efectos de que utilice todas las herramientas que estén a su alcance, así como también aquellas que deben contratarse para este caso específico, para recuperar todos los mensajes, audios y videos borrados desde su celular con esta investigación”.

Sin embargo, en el texto aclara que contempla como excepción “los mensajes, audios y videos que pueda haber intercambiado con el señor presidente de la República (a los que no se permite el acceso)”.

“En caso de que, por cualquier eventualidad (características del aparato, permisos que requieren contrato para utilizar determinadas herramientas, etc.) no fuere posible acceder, indicar cuáles son los pasos que deberían seguirse para lograrlo, qué instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales podrían ser consultadas para poder levantar el obstáculo”, agregó la entonces fiscal en el pedido.