Tras la polémica desatada por la sorpresiva votación de la ley de medios en el Senado el pasado martes, sin pasar por comisiones ni con aviso a la vicepresidenta Beatriz Argimón —presidenta de la Cámara Alta—; y el rechazo general que provocó la suma del artículo 72 propuesto por Cabildo Abierto respecto de la comunicación política, el veto presidencial se asoma como la solución menos discordante en términos constitucionales, de procesos parlamentarios y, sobre todo, de mantener en calma la coalición en tiempos donde la tensiones electorales empiezan a jugar un rol importante.

Esto es lo que plantean un grupo de legisladores oficialistas que reconocen haber abierto las puertas para que el sector liderado por Guido Manini Ríos introdujera en el texto legal la afirmación de que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, parcial y equilibrada entre los actores políticos”; a cambio de los votos para aprobar la ley que lleva más de tres años dando vueltas por los pasillos del Parlamento.

El veto del presidente Lacalle Pou ha sido la salida elegida para las últimas cuestiones controversiales dentro del Parlamento, con el objetivo de mantener la paz dentro de la coalición y de dejar, asimismo, libertad de acción en el Parlamento.

Los ejemplos más recientes fueron el veto parcial para la inhibición a los fiscales de desempeñarse como abogados en el ámbito privado, introducido en la última Rendición de Cuentas; y el veto, también parcial, al proyecto que estableció una cobertura económica para los extrabajadores de Casa de Galicia.

Por eso mismo, para los legisladores oficialistas, el veto puede ser el freno para un artículo que “no aporta nada a lo que es una muy buena ley” y que “cae en el error de pretender que los medios cumplan determinadas reglas”, según señaló a El País el diputado Iván Posada, del Partido Independiente. Para el legislador, el aditivo cabildante resulta “inoportuno e innecesario”.

Tampoco los diputados del Partido Colorado Ope Pasquet y Martín Melazzi están de acuerdo con el artículo 72 que censura la libertad de expresión, y afirmaron que respaldarían un eventual veto ante el nulo margen de acción que quedó para la Cámara de Diputados: es que la media sanción con modificaciones en el Senado tras la aprobación en diciembre en la Cámara Baja deja a esta última con el rechazo en bloque de todo el proyecto como la única alternativa para echar atrás el aditivo de Cabildo Abierto. Una opción que, de todos modos, no estaría descartada del todo, en tanto los votos aún no están garantizados.

El Partido Colorado fijará posición sobre el posible veto la semana que viene, mientras que en el Partido Nacional ya hay voces que respaldaron la posible y eventual decisión de salvar la ley de medios evitando la polémica del artículo 72 a través del veto presidencial que, de llevarse a cabo, también podría constituirse en un problema de otro tipo: sería el tercer veto presidencial a una norma promovida por los cabildantes, en tiempos, además, en que cada gesto puede ser determinante para la unidad de coalición de cara a las elecciones.