“Antel hizo una evaluación respecto de tomar la opción de continuar, como permite procesalmente, de manera judicial. Se me requirió mi opinión y yo, que no decido, di mi opinión afirmativa”, sostuvo Lacalle Pou en dialogo con la prensa.

El mandatario insiste en que “si esa era una posibilidad, yo creo que hay que agotar la vía”, en referencia al aspecto judicial. De todos modos, evitó dar argumentos legales del pedido al señalar que “eso le corresponde a los que redactan los elementos desde el punto de vista jurídico”, mientras destacó que luego estará “la valoración del fiscal y de la justicia”.

De este modo, el jefe de Estado respaldó la decisión de la presidenta de Antel, Annabela Suburú, tomada en base a un informe jurídico del abogado Gustavo Bordes, basándose en “una observación técnica” para continuar el proceso.

Claro está que la intencionalidad en el asunto es más bien política, ya que el caso podría terminar con una imputación penal contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien, oh casualidad, es una de las precandidatas presidenciales del Frente Amplio, el espacio opositor que se perfila como ganador de las próximas elecciones según las encuestas.

La aspirante opositora advirtió la jugada y consideró que se trata de una “operación mediática” para desacreditarle. Vale sumar que otro de los precandidatos del FA, Yamandú Orsi, también está siendo acusado ante la Justicia por supuesto maltrato a una mujer trans.

La pregunta es inevitable: ¿No es demasiada casualidad que en un año electoral, dos candidatos del partido opositor que lidera las encuestas terminen involucrados en causas judiciales, a pocos meses de los comicios?