De acuerdo a la información de la fiscal Sabrina Flores, se alcanzó un acuerdo con la defensa de Acuña para que el implicado pase 18 meses en libertad a prueba, y pague una multa. Además, deberá realizar ocho meses de trabajo comunitario.

Flores, la fiscal del llamado caso Astesiano, pidió la imputación de Acuña por cohecho calificado en calidad de coautor en octubre de 2023. En su pedido fiscal indicó que la relación entre Acuña y Astesiano comenzó en la campaña electoral de 2019, cuando el primero trabajaba para el equipo de seguridad de Juan Sartori y el segundo para el del actual presidente Luis Lacalle Pou. "Comienzan a relacionarse por ser integrantes de la seguridad de los presidenciales".

La acusación fiscal detalla que el vínculo entre ambos "continuó en forma regular y periódica" hasta que el pasado 11 de marzo de 2022 Acuña "comienza a solicitarle información de índole personal referente a Charles Carrera y Mario Bergara, expresando, en síntesis, que la información la pide para poder atarlos para que retiren la denuncia del puerto (caso Katoen Natie) y que en caso de conseguir dicha información los dos se van a ver beneficiados y que hay moneda".

El escándalo político se remonta al año 2022, cuando surgieron evidencias de intentos de extorsión mediante la recolección de información personal sobre los senadores Carrera y Bergara, con el presunto objetivo de influir en sus decisiones políticas.

Álvaro Delgado, en aquel entonces secretario de la Presidencia, enfatizó la gravedad de las acusaciones, subrayando el compromiso del Gobierno en esclarecer los hechos. Delgado recalcó la importancia de aplicar la ley con toda su fuerza en casos de abuso de influencia, reiterando la determinación del Gobierno en colaborar con la investigación.