“Los abajo firmantes somos productores ganaderos de todo el país, que estamos muy preocupados por la noticia de que MINERVA FOODS adquirirá a MARFRIG los frigoríficos Colonia, La Caballada de Salto e Inaler de San José, los que se sumarán a los frigoríficos de que ya dispone el gigante brasileño: PUL, Carrasco, Canelones y BPU”, explica el pedido.

El motivo de preocupación es que, de concretarse la operación, Minerva tendrá en su poder el 45% de la capacidad total de faena del país y, según datos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), podría llegar a tener más del 60 por ciento de la carne exportada. El problema es que la situación que señala como, en principio, oligopólica, puede generar un mercado rehén y que los productores deban negociar a los precios exigidos, aunque no les sean favorables, en tanto no habrá competencia real.

“Los productores seremos la variable de ajuste del mercado, ya que el poder económico de MINERVA FOODS le permitirá manejar los precios de los ganados, tanto para faena como para sus encierros. Cualquier centavo de rebaja en el kilo de carne significará millones de dólares de ganancia adicional para dicho operador”, añade la especie de carta dirigida al presidente en la plataforma de junta de firmas.

Asimismo, señala que la empresa brasileña ya tiene “capacidad de faena ociosa” con cuatro plantas, por lo que el único motivo que encuentran detrás de la adquisición de otros tres frigoríficos es “limitar aún más la competencia en el mercado”.

“Nos dirigimos al Poder Ejecutivo para que tome cartas en el asunto y defina criterios que impidan, de acuerdo a la normativa vigente, que se verifique una concentración de la relevancia económica y social de la planteada, que implicará un grave perjuicio a la producción ganadera nacional”, concluye el petitorio.

A la espera de la decisión de la Coprodec

Las críticas a la operación Minerva-Marfrig no son novedosas ni recientes, sino que comenzaron apenas la multinacional de origen brasileño anunció la operación que tendrá nivel regional. Incluso el presidente Lacalle Pou señaló su preocupación, pero fue claro al decir que la decisión no sería política. Es decir, toda la responsabilidad caerá en la decisión de la Coprodec que, desde mediados de noviembre, trabaja en el caso.

Si bien al momento no hay novedades concretas sobre qué podría llegar a definir el órgano técnico, la Ley 18.159 de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, que rige el funcionamiento de la comisión, establece un plazo máximo de 60 días corridos de presentada la documentación para expedir una conclusión. En caso contrario, “se dará por autorizado tácitamente el acto”.

Para el cumplimiento del plazo quedan apenas días, si bien está prevista la posibilidad de prórroga por otros 60 días corridos en caso de que se necesite “un mayor análisis” o la “presentación de información adicional”. Desde las empresas cárnicas no esperan que la resolución demore menos de 100 días.