"Nos comunicamos contigo para compartir noticias importantes sobre el servicio de Spotify en Uruguay. Lamentablemente, Spotify comenzará a retirar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1 de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero", resaltó la compañía, confirmando oficialmente lo que ya había adelantado el pasado 20 de noviembre pero que había quedado en pausa en medio de las negociaciones del gobierno por encontrar una solución.

La empresa sueca insiste en que a partir de la aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas —particularmente, las modificaciones en materia de derechos de autor—, podría llegar a tener que pagar dos veces por las mismas canciones cuando ya paga casi el 70 por ciento de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras que representan a los artistas y compositores. “Nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible”, explicó en el comunicado.

El servicio de Spotify Premium será el primero en desaparecer del país. Aquellos usuarios que estén suscriptos recibirán su última factura este mes y, a su vez, será el último en el que puedan aprovechar sus ventajas. “Después de esto, pasarás a una cuenta gratuita hasta la suspensión del servicio el 1 de febrero”, señaló la compañía a sus usuarios.

"Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante y agradecemos sinceramente tu comprensión en este momento complicado. Gracias por ser parte de la comunidad de Spotify. Esperamos poder servirte nuevamente en el futuro", concluyó el texto.

¿Cuáles son los artículos que señala Spotify?

Spotify reclamó desde el primer momento, antes de que se aprobara la Ley de Rendición de Cuentas, sobre las modificaciones en dos artículos: el 284 y el 285.

El primero se basa en que se agregaron las redes sociales y el internet como otros de los formatos por los cuales, si se reproduce una canción, el intérprete tiene derecho a una retribución económica.

Por otro lado, la modificación del artículo 285 propone que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales” tienen el derecho a una justa y equitativa remuneración.

Si bien esto fue aprobado por el Parlamento, hasta hace unos días el gobierno continuó buscando alternativas para que la empresa sueca no dejara el país, aprovechando la ventana hasta el 1 de enero para que la ley entre en vigencia.

"La ley da un marco, el decreto reglamentario podría ordenar el acuerdo y que todos queden relativamente conformes", consideró el senado del Partido Nacional Jorge Gandini al respecto, planteando la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou tomara cartas en el asunto tras su regreso de China. Algo que, aparentemente, no habría sucedido.