El texto del veto argumenta que el proyecto presentado por el Frente Amplio y aprobado también con votos de Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional, viola el principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Constitución, al señalar que se aplica "en forma desigual y discriminatoria, favoreciendo a un grupo de trabajadores, en perjuicio del resto".

Al mismo tiempo, el presidente manifestó que la norma también va contra el artículo 86 de la Constitución, que establece que la creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones y la autorización para los gastos se harán a través de las leyes de presupuesto.

Para Lacalle Pou, los artículos 1, 2 y 3 fijan "un sistema de garantías de los créditos laborales específico para los extrabajadores de la Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados".

Por todo esto, el Ejecutivo indicó que "resulta ser más cuestionable" utilizar los fondos recaudados "por concepto de contribución especial de seguridad de 0,025 por ciento", que grava los ingresos de todos los trabajadores, "para destinarlos a satisfacer los créditos de un grupo específico, en desmedro del resto".

El Ejecutivo propuso artículos sustitutivos

En el texto del veto, el gobierno propuso artículos sustitutivos que apuntan a "la necesidad de garantizar los créditos laborales de los extrabajadores de la Casa de Galicia" y deberán ser analizados por la Asamblea General. Allí se fija la postura oficialista de disponer un fondo de 8 millones de dólares, cuando el proyecto vetado contemplaba 30 millones y los exempleados reclaman más de 40 millones.

Según Lacalle Pou, estas propuestas “cumplen con los objetivos de mantener la posibilidad de garantizar los créditos laborales de los trabajadores, no afectan las existencias del fondo y determinan el aporte del Estado a una suma determinada, permitiendo el cuidadoso y responsable manejo de los recursos del Tesoro Nacional a cargo del Poder Ejecutivo”.