El escándalo por las denuncias de clientelismo político en torno a la CTM de Salto Grande no fue la excepción. De hecho, el sector liderado por Manini Ríos fue el que otorgó los votos necesarios para llamar a interpelación parlamentaria a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, y al canciller Francisco Bustillo el próximo 3 de octubre —la cual sigue en pie, tal y como confirmó la bancada frenteamplista—; y el que solicitó una auditoría al organismo.

Ahora, tras la renuncia de Albisu, CA no retrocede en sus reclamos. “Antes de que presentara la renuncia Albisu, ya habíamos dicho que tenía que renunciar, porque había muchas cosas que no tenían respuestas lógicas. A partir de la renuncia de él, si bien se cumple con algo necesario, todavía falta revisar bien los contratos, la forma en la que se gastó, si el uso de los dineros públicos que empleó la comisión se hizo cumpliendo con la función para la que existe”, señaló Manini Ríos en rueda de prensa.

“Creo que toda esa parte está en el debe, por eso desde el primer día pedimos una auditoría o rendición de cuentas clara. Seguramente en estos próximos días habrá novedades al respecto”, añadió el senador.

Consultado sobre si se propondrá una comisión investigadora a nivel parlamentario por este tema, respondió: “Son caminos que se pueden recorrer. Hay que ver cómo se va procesando todo hasta la interpelación y en la interpelación mismo qué información se aporta. Después resolvemos. No se descarta nada”.

“Pienso que claramente (Albisu) no tenía el apoyo político necesario para continuar en el cargo”, consideró el líder cabildante, y agregó que con el pedido de renuncia desde su partido “nadie pretende pegarle al gobierno”. “Acá hay algo que hace ruido y no uno quiere llegar a aclararlo lo más posible. Queremos que las cosas se hagan bien, no importa de qué pelo sea el que esté a cargo”, aseguró, quitando un peso político a la coalición ya tensa por la postura tomada por los cabildantes.

Domenech subió la apuesta y señaló a Lacalle Pou

El que tuvo un discurso más agresivo fue el presidente del partido y también senador, Guillermo Domenech, quien consideró que la renuncia de Albisu es “un paliativo” y que “no resuelve la situación”. “No podemos a través de eso convalidar hechos presuntamente ilícitos desde el punto de vista político y administrativo, e incluso quizás penal”, afirmó durante la rueda de prensa.

Para Domenech, debería llevarse a cabo una investigación que dé cuenta sobre las circunstancias de las contrataciones, así como corroborar las responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas en caso de que haya habido irregularidades “que uno presume que las hubo”. “La gente se merece tener clara cuál fue la situación”, agregó.

Asimismo, el presidente de Cabildo Abierto fue un paso más allá que Manini Ríos —que, sorprendentemente, mantuvo un tono moderado al señalar las responsabilidades políticas detrás de la polémica— y sostuvo que Lacalle Pou “tiene responsabilidad ‘in eligiendo’ porque fue quien designó a Albisu”. Esto quiere decir que, para el senador, el presidente de la República es responsable por los actos cometidos por la persona que designó en el cargo.

Consultado sobre si CA está “cobrando cuentas” a sus socios de coalición por disputas internas anteriores, Domenech aseguró que ese no era el caso. Sin embargo, no tardó en traer a colación el escándalo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) protagonizado por quien fuera su titular, la cabildante Irene Moreira, el cual dejó al borde del quiebre y de una crisis política a la Coalición Multicolor.

“Esto es totalmente distinto a lo del Ministerio de Vivienda. En ese caso no hubo 200 millones de pesos, ni 27 designaciones con altísimos cargos. Creo que es absolutamente distinto, pero también hay una investigación administrativa. Pero por ese hecho no voy a convalidar un escándalo de este tipo, si estas cosas son ciertas es un escándalo”, sostuvo Domenech.