El Frente Amplio podría demandar al Gobierno de Lacalle Pou por el acuerdo con Katoen Natie
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) reconoció la legitimidad de los legisladores del Frente Amplio (FA) para presentar una demanda anulatoria contra el contrato entre el Estado y Katoen Natie por la Terminal Cuenca del Plata del puerto de Montevideo, promovido por el Gobierno de Luis Lacalle Pou.
El grupo conformado por 27 representantes nacionales (senadores y diputados) frenteamplistas promovió la acción el 12 de mayo de 2021 contra la resolución CM/401 emitida el 25 de febrero de 2021 por el Poder Ejecutivo, en la que se dispuso la aprobación del acuerdo entre Uruguay y la empresa belga, que extendió en la concesión de la terminal portuaria de contenedores hasta el 2081, según la agencia de noticias, Uypress.
Luego de eso, el 16 de septiembre de 2022, compareció, en representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Poder Ejecutivo, la abogada Giorgina Albornoz, para contestar la demanda con la interposición de una "excepción de falta de legitimación activa".
El argumento del Ejecutivo fue: "Los actores afirman que por su calidad de ciudadanos electos como representantes nacionales el acto que impugnan los atañe personalmente, lo que no se comparte. De seguirse dicha postura cualquier persona tendría legitimación para presentarse ante el TCA con el solo argumento referido".
En ese sentido, el Ejecutivo estableció que "la nulidad no es una acción popular” y que “debe justificarse la existencia de un interés directo, de inmediata satisfacción personal, fundado en una situación jurídica particular respecto al acto impugnado.
El fallo del Tribunal
Sin embargo, en el fallo del Tribunal, se desestima el excepcionamiento interpuesto, "sin perjuicio de que el tema será examinado en la sentencia definitiva, de conformidad con lo indicado en el considerando III". En dicha parte del texto se señala que "en definitiva, los accionantes (los legisladores del FA), se encuentran legitimados activamente".
"El Tribunal concluye que no emerge, en forma manifiesta y de los propios términos de la demanda, que los representantes nacionales no se encuentren en una situación jurídica subjetiva de interés legítimo y que además no reúna las notas de directo (en su calidad de representantes nacionales e integrantes del Poder Legislativo, tampoco surge que su caso no se encuentre comprendido en los supuestos de la norma cuestionada) y personal (no se desprende que el acto no afecte a cada compareciente, en su condición de legisladores nacionales, en ejercicio de sus funciones), con relación a la resolución impugnada", añade el fallo del TCA.
Por su parte, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio, Charles Carrera, uno de los que impulsó la demanda, celebró la decisión del Tribunal en su cuenta de Twitter: "Un paso muy importante en el proceso de impugnación de esta decisión contraria a los intereses de nuestro país. Seguiremos adelante con la misma convicción del primer día, esperando que finalmente se haga justicia".