“Estamos analizando y haciendo las gestiones para ver si realmente es materia exigible”, explicó Mattos al admitir la preocupación del Ejecutivo por las posibles restricciones. En ese sentido, agregó: “Vamos a hablar con las autoridades europeas porque entendemos que no debe haber un factor proteccionista del comercio agrícola, que ya está protegido.

Uno de los cuestionamientos es la dificultad para “comprobar o certificar que las producciones no provengan de zonas deforestadas”. De todos modos, la UE aclaró que no vetará países ni materias primas, pero la ley solicita que el proveedor emita una “diligencia debida” para demostrar que no proviene ni contribuyó con la deforestación.

Podría ser una barrera para la exportación de productos clave

El texto europeo implica a productos como soja, ganado vacuno y productos derivados, café, aceite de palma, cacao, chocolate, madera, muebles y caucho. Así es que las empresas deberán demostrar que los productos no contribuyen a la deforestación o degradación de los bosques. De este modo, pueden verse afectadas exportaciones clave para el país.

Esta norma está en el marco del “Green Deal (Pacto Verde)”, que lleva adelante el Paramento europeo. A eso, las firmas que exporten deberán sumar el hecho de acreditar que cumplen la legislación de su país, pero también las de derechos humanos y de derechos a los pueblos originarios.