La investigación determinó que ambos habían recibido asesoramiento médico, en el que se les transmitió lo avanzado del embarazo y que, además de estar fuera del plazo legal de interrupción voluntaria, de abortar, el niño nacería vivo y moriría por la ingesta de esta pastilla.

Esto es exactamente lo que ocurrió. El bebé nació con dos kilos y medio, y con claras señales de vida, pero murió al poco tiempo por los efectos abortivos del Misoprostol. La investigación determina que el niño fue envuelto en toallas y depositado al lado del inodoro, y dejado en la cabaña cerrada con llave.

Ambos concurrieron a un centro de salud para que la mujer recibiera asistencia, pero inmediatamente el personal médico se dio cuenta que la mujer acababa de parir en un embarazo que estaba a término, por lo que solicitó un allanamiento en la cabaña donde se encontró al bebé muerto.

La versión de los abogados defensores es que la pareja desconocía que el embarazo estaba a término porque no era notorio, y que la mujer estaba en situación de extrema vulnerabilidad y por eso apeló a la medida más extrema.

La Justicia les determinó en primera instancia 13 años de prisión por homicidio, pero la pareja apeló y pidió reducir la condena a un nivel que sea excarcelable. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno confirmó la sentencia, solamente reduciéndola a 12 años de prisión.

Grupos de izquierda y feministas repudiaron la sentencia, asegurando que debería ser tratado como un aborto, que está despenalizado en Uruguay, y no un homicidio. Estas declaraciones, de todos modos, solo expusieron que el progresismo, en última instancia, está de acuerdo con asesinar a un bebé incluso si éste ya está en condiciones de vida afuera del útero de la madre.