“Nosotros no estamos dispuestos, como Partido Nacional, a acompañar este último proyecto presentado. Pero sí queremos una solución”, dijo la senadora blanca Graciela Bianchi en el Parlamento, afirmando una mala noticia para Cabildo Abierto: se quedan solos en su planteo para tratar de avanzar en una solución legislativa en este tema.

Según Bianchi, y relación a la regulación de las tasas de interés que incluye la propuesta, el “tema de la usura” debería solucionarse con un proyecto de ley diferente porque es “muy específico”.

Incluso, la senadora era de las que estaba dispuestas a votar cuando el anterior texto de los cabildantes que llegó al plenario del Senado pero que fue frenado por el entonces senador Gustavo Penadés, a pedido del Gobierno.

La postura nacionalista se confirmó frente a los planteos que realizó la delegación de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) frente a la Comisión de Constitución y Legislación. Y con esta decisión, el sector del presidente Luis Lacalle Pou se suma al Frente Amplio (FA) que, si bien era un posible aliado de CA en este proyecto, también rechazó la iniciativa propuesta por los cabildantes por no tener “la lógica del proyecto original, que era atender al núcleo de la población más carenciada”.

A mediados de mayo, los liderados por Guido Manini Ríos se habían dado como plazo hasta fin de ese mes para encontrar una solución legislativa. En caso contrario, dijeron en aquella oportunidad, saldrían a recolectar firmas para ir por un plebiscito.

“Cabildo Abierto se ha dado plazo a sí mismo hasta fin del presente mes para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el Clearing”, dice la declaración leída este lunes y agrega que de no conseguir un acuerdo parlamentario irán por la vía de la recolección de firmas porque “la gente no puede esperar más”.

Sin embargo, casi un mes después de haberse cumplido el plazo límite, todavía no hay indicios de que el proyecto vaya a tratarse a la brevedad. Y con las nuevas declaraciones nacionalistas, todo pareciera indicar que la iniciativa quedará en un cajón parlamentario al igual que su versión anterior.

La duda está en qué sucederá ahora a nivel coalición, en tanto el proyecto de reestructuración de deudas había sido puesto sobre la mesa por CA como la única razón que mantuvo al partido de Manini Ríos como parte del gobierno luego de la crisis originada por la renuncia de Moreira. A su vez, el senador y líder del partido había acusado a Lacalle Pou de pasarle cuentas por esta iniciativa. Por lo que quedará por ver cómo tomarán los diferentes sectores esta decisión mientras se comienza a discutir el proyecto de Rendición de Cuentas, cada vez más cerca de un nuevo año electoral.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución y Legislación, la delegación de AEBU realizó algunas advertencias de "efectos no deseados" que podría tener el proyecto de Cabildo Abierto, como empujar a la gente a buscar créditos en el mercado informal.

“Mover o poner rígido alguno de los parámetros vinculados al endeudamiento abre la puerta a la expulsión de los sistemas formales de colectivos cada vez más importantes. En la medida en que uno restringe el acceso al crédito y hace que las empresas del sistema financiero se abroquelen por la tasa de riesgo o por los mecanismos que implica, se comienza a generar una suerte de traslado hacia el sector informal, elemento que también planteamos como escenario de preocupación”, dijo el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, Pablo Andrade.

Según los números que manejó el asesor de AEBU Aníbal Peluffo en la comisión, cerca de un 70 por ciento de los mayores de edad se relaciona, tiene algún crédito o alguna operación con el sistema financiero formal, y de esa población un poco más de la mitad está bien categorizada. Sin embargo, más de un tercio de los deudores están en las categorías 4 y 5 que son “las más problemáticas”. “Entre los deudores, el 40 por ciento de los menores de 35 años tiene una deuda problemática”, explicó.

El economista advirtió que la tasa de interés viene creciendo entre aquellos créditos que no se retiene la cuota de los salarios. “Daría la impresión de que el problema en la tasa de interés estaría alojado ahí, en esos segmentos”, apuntó.

Asimismo, Peluffo señaló que el acuerdo judicial forzoso entre acreedor y deudor termina siendo “costoso” principalmente para los acreedores. “Cuando el proceso judicial puede llevar honorarios para los cálculos y para todo este proceso administrativo, que es de cargo de los acreedores, representa costos adicionales que, sin duda, las empresas van a tomar en cuenta a la hora de decidir si otorgar o no un crédito”, consideró.

Esta situación, sumada a una reducción del precio del crédito (debido a la regulación de la tasa de interés), podría generar un aumento de la exclusión que haga que la gente —que sigue teniendo la necesidad de acceder al crédito— termine recurriendo a mecanismos informales.