“Creo que es un ministro que se agotó en su propia gestión. Y un ministro que se agota, al que la gente no le cree, no debe permanecer en su cargo. No es un problema de llevarnos bien o mal con el ministro, es un problema de que ya la sociedad no le cree”, señaló Pereira en rueda de prensa, tras una reunión con la Mesa Política del FA por la declaración de la crisis hídrica en la zona metropolitana.

En ese sentido, el presidente de la coalición de izquierda subrayó que la convocatoria al Parlamento no es solo por los siete homicidios registrados entre el viernes y el lunes pasado, sino que es debido a la preocupación creciente en la sociedad de que “en sus barrios no se está pudiendo vivir en paz”. “Que viven en medio de balaceras, que la circunstancias son muy difíciles en las paradas de los ómnibus, los problemas en el transporte, la falta de certezas del ministro”, enumeró.

Para Pereira, “está claro” que Heber “está más preocupado por la campaña” de Laura Raffo, eventual precandidata del Partido Nacional por el herrerismo, “que por la seguridad pública”. Asimismo, y en la misma línea, recordó que los casos Marset y Astesiano como grandes fallos de la gestión del actual ministro; así como sus expresiones “en un caso tan grave” como el de las denuncias de abuso y explotación sexual de menores por parte del senador blanco Gustavo Penadés, sin dar muestras de la objetividad e imparcialidad que requería la situación.

“Hay que tener discusiones sensatas sobre la seguridad pública. Y discutir sensatamente es que la interpelación se tome en serio, que la crítica que le haga el Frente Amplio al gobierno sea analizada y respondida. Que no se responda sobre gestiones anteriores porque la población ya las evaluó. Que se responda sobre cuatro años de gobierno”, comentó Pereira sobre sus expectativas de la interpelación venidera.

“El gobierno, a esta altura, tiene más cosas para explicar que logros para mostrar”, sentenció.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior prepara la presentación de 16 medidas para mejorar la seguridad en Uruguay, que serán implementadas con o sin el apoyo de los partidos políticos.