Mientras el Senado votaba las últimas modificaciones introducidas durante el debate en Diputados a la reforma, Saldain participaba de un conversatorio organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Para el abogado y rostro visible del equipo que se encargó de redactar el texto original que el presidente Luis Lacalle Pou le entregó al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en julio del año pasado, la iniciativa hecha ley supone un “cambio central” debido a que reducirá el gasto previsional alrededor de dos puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

Claro que también señaló que esta reducción se logra incluso a pesar de las múltiples modificaciones que la reforma sufrió a lo largo del debate legislativo y, sobre todo, durante su último tramo en la Cámara Baja. La famosa “agua en la leche”, como se refirió Lacalle Pou.

Debido a esto, Saldain sostuvo que “no está asegurada la sustentabilidad” de la seguridad social porque “es imposible lograr un equilibrio fiscal en un sistema previsional como el nuestro”. En ese sentido, afirmó que la “clave” está en que el “desfinanciamiento”, que existirá “siempre”, “debe ser controlable”. Un objetivo al que apunta la, ahora, ley de reforma jubilatoria.

Las respuestas a Saldain, mucho más críticas

Del conversatorio también participó Hugo Bai, economista del Instituto Cuesta Duarte, quien no tardó en cuestionar a Saldain a su turno, expresando que la sustentabilidad financiera del sistema “no está para nada garantizada” con la versión final de la reforma, sobre todo, porque los ajustes del suplemento solidario a las jubilaciones más bajas —un punto destacado por el abogado— podrían realizarse tanto por la evolución de los salarios como por la evolución de la inflación, algo que dependerá del gobierno de turno. “Que se pueda cumplir con la sostenibilidad implicaría debilitar ese componente solidario”, advirtió.

Asimismo, Bai expresó que se trata de una reforma “profundamente injusta” porque pone “la tensión financiera asociada al cambio demográfico en las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”. A modo de ejemplo, apuntó que cada año el Estado pierde 1.600 millones de dólares en exoneraciones al Impuesto al Patrimonio y al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).

A su turno, Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), alertó sobre la posibilidad —promovida por Cabildo Abierto— de que el Poder Ejecutivo otorgue una duplicación de las bonificaciones al personal combatiente de las Fuerzas Armadas. Según advierten desde el FA, esto permitiría que algunos militares se retiren antes y con mayores jubilaciones.

“Si se duplican las bonificaciones en el servicio de retiro militar, yo creo que prácticamente se neutralizan todos los impactos en términos de edad y de ajuste de los montos jubilatorios. El sistema que hoy tiene más privilegios sería entonces, lejos, el que menos esfuerzos realiza hacia el futuro”, afirmó Zunino, aunque puntualizó que según las últimas proyecciones, “en principio”, habría una sustentabilidad financiera del gasto previsional.

Saldain contestó que gracias a la reforma las jubilaciones militares se calcularán en base a los 20 mejores años, en vez de los últimos cinco años o el último sueldo, como ocurre con “el régimen que aprobó el FA” en 2018. Aseguró además que el gasto del sector militar disminuirá de 0,8 a 0,4 puntos del PBI en el largo plazo. En cuanto a la posible duplicación de las bonificaciones, comentó: “Es para parte del personal combatiente y no para todos. Eso es algo que probablemente resolverá el futuro gobierno”.