Paganini estuvo acompañado por el directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), y respondió las inquietudes principalmente de los senadores frenteamplistas Liliam Kechichian, Silvia Nane y Alejandro Sánchez, quienes impulsaron la convocatoria.

Una tecnología 5G que no despega

Los recursos administrativos presentados contra la subasta de la red 5G —que iba a ser el 28 próximo pero se postergó al 9 de mayo debido a las complicaciones con las empresas— fue uno de los temas centrales de la exposición. Al respecto, Paganini aseguró que “esto pasa con todas las subastas” y afirmó que el MIEM “está levantando los efectos suspensivos y dando respuesta a los recursos”.

“En algunos casos objetan el precio base, que les parece alto; en otro caso hay una empresa que quiere participar y no tiene la experiencia, pero vamos a ir adelante”, señaló Paganini frente a la Comisión de Industria.

Cabe recordar que Claro presentó un recurso administrativo en contra del pliego, principalmente por el precio base de cada tramo de 100 MHz, tasado en 28 millones de dólares, en tanto no tiene “fundamento”; y por la “desigualdad competitiva” que establece la asignación ya realizada a Antel de su tramo en la banda de 5G, uno de los primeros puntos observados por los privados.

En el caso de Movistar —que, finalmente, no presentó recursos pero hizo público su descontento con la subasta—, advirtieron “con preocupación” que las condiciones actuales “no facilitan el despliegue del 5G a los operadores privados” y a la vez a los privados “no se les habilita a contratar fibra óptica del operador estatal”. “Tampoco se los incentiva a desplegar sus propias redes, asignándoles las licencias para que brinden todos los servicios que técnicamente posibilitaría dicha red”, consideraron desde la empresa.

Distinto es el caso de Dedicado, que buscará por vía legal introducirse en la subasta ya que, según la empresa, ésta fue diseñada de forma tal que los requisitos para participar excluyen intencionalmente a los prestadores nacionales.

Para el Frente Amplio, la licitación de los tres bloques en el espectro de la red 5G debería ponerse en suspenso en tanto no se resuelvan los conflictos con las empresas que deberán llevar a cabo el despliegue de esta tecnología en el país. Por el momento, esto no es una opción para el gobierno, que ya trabaja con una agenda demorada.

El 4G, otro dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo

Los senadores también pidieron explicaciones respecto a la polémica en torno a la renovación automática de las licencias en el espectro 4G y, particularmente, del precio que se estableció para Movistar por el uso de la banda de frecuencias 850 Mhz —con el agregado de que la directora de la Ursec, Mercedes Aramendia, fue empleada de la empresa telefónica. En este sentido, un documento técnico del organismo regulador indicó en su momento un “precio potencial” de 25 millones de dólares, pero acabó renovándose por apenas seis millones de dólares.

No obstante, Paganini afirmó que “ese espectro todavía no tiene precio” porque “el gobierno nunca lo fijó”. Asimismo, señaló que la renovación de la banda de Movistar tendrá lugar “recién el año que viene” y que el MIEM “ya le pidió a la Ursec que busque más información para definir cuál puede ser un precio razonable para ese espectro”, algo que se determinará “a lo largo del año”.

Las respuestas del titular de Industria no fueron satisfactorias para la oposición, que ya elevó varios pedidos de informe al respecto.