Cuando el texto original de la reforma llegó al Senado, los números se repetían constantemente por parte del equipo económico del gobierno y de los redactores del proyecto, con Rodolfo Saldain a la cabeza. De esta forma, algo era claro en la propuesta impulsada por el presidente Luis Lacalle Pou: de aprobarse, el déficit del sistema previsional se estabilizaría en 1,7 o 1,8 por ciento, en lugar de crecer hasta llegar cerca de los 5 puntos.

Así lo explicó Saldain en su presentación frente a la Comisión Especial que dio el primer paso hacia la aprobación. Según las estimaciones oficiales, el resultado proyectado para el Banco de Previsión Social (BPS) crecería desde el 0,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 a 1,7 dos décadas después, y llegaría a 2,9 en 2060 sin la reforma.

En cambio, de aprobarse el proyecto del gobierno, en 2025 el déficit sería de 0,6 por ciento, subiría una décima para 2030 y descendería a 0,4 para 2040. De la misma forma, la previsión es que se mantenga por debajo del 1 por ciento del PIB hasta 2060, y se ubique en 1,3 en 2070, hasta donde llegó la proyección que indicó, para el mismo período, un déficit de 3,6 sin la reforma.

Asimismo, en lo que refiere a los egresos del BPS por el pago de jubilaciones, la proyección es que sin las modificaciones en el sistema previsional crezcan de 8,4 por ciento en 2025 a 10 en 2055. De aprobarse las nuevas reglas jubilatorias, las autoridades pronostican que el gasto se mantendrá estable en torno al 8 por ciento en las próximas décadas.

Ahora, con los cambios exigidos por CA y propuestos por el Partido Colorado, estas estimaciones se ven modificadas.

¿Cómo afectarían los cambios de los cabildantes?

Cuando apenas se conoció el acuerdo entre el líder de CA, Guido Manini Ríos, y Luis Lacalle Pou, los números resultantes de las modificaciones contempladas hicieron que varios legisladores se replantearan la operatividad de la reforma, así como la imposibilidad de acercar sus propias propuestas para el texto que, en el debate en el Senado, no tuvo modificaciones.

Según el diputado colorado Conrado Rodríguez, el impacto económico a la reforma que se barajaba en torno a las exigencias de los cabildantes rondaba entre los 280 y los 250 millones de dólares, en un primero momento; y luego se acomodaron en un rango más amplio pero igual de poco certero, que iba desde los 50 millones hasta los 300 millones de dólares, a partir de las fórmulas que circularon en las últimas horas.

Con estos números, no habían dudas de que se trastocaría el sistema y que la sustentabilidad buscada no sería tal.

Sin embargo, Saldain explicó que la aceptación de los cambios de CA se dio en un escenario en el que todavía se logra una mejora en la sustentabilidad del régimen actual, si bien hay un detrimento respecto de las proyecciones originales.

En este sentido, el redactor de la reforma jubilatoria explicó que, por un lado, el desdoblamiento de la cuestión de las inversiones en el exterior por parte de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) —para ser tratada como un proyecto aparte, con mayores tiempos de discusión— no afecta las estimaciones económicas originales, en tanto para la elaboración del proyecto no se tomaron en cuenta las posibles rentabilidades futuras, sino los rendimientos históricos desde el 2004 —algo que no cambiaría en el mediano plazo.

Por el otro, en tanto, con el cambio en la fórmula del cálculo de la tasa de reemplazo para los sueldos básicos jubilatorios, sí hay un impacto, tal y como explicó el abogado en diálogo con el programa En Perspectiva. Al respecto, explicó que si bien se mantiene la mejora respecto de la situación actual, contemplar el promedio de los 20 mejores años —en lugar de 25, como establecía el texto original— tendrá un impacto a largo plazo del 0,3 por ciento del PBI, es decir, un mayor desembolso por parte del BPS, pero que no afectaría considerablemente sus perspectivas de sustentabilidad.

Aunque sí tendría un efecto positivo visible en las jubilaciones mensuales de las personas con ingresos pasivos medios.

¿Y qué pasará con los cambios del Partido Colorado?

Los mismos colorados fueron los que se encargaron de estimar los costos de sus propuestas, para evitar generar expectativas en torno a cuestiones que luego serían imposibles de llevar a cabo en términos fiscales.

De esta forma, los tres cambios acercados Lacalle Pou y aceptados por el mismo implicarán un costo cercano a los 100 millones de dólares, según informó el líder del sector Ciudadanos y exministro de Ambiente, Adrián Peña, a la salida de su reunión con el Presidente.

Estos cambios incluyen: la modificación de la cantidad mínima de años trabajados para poder jubilarse; la corrección de un error en el diseño del proyecto para evitar un salto abrupto e injustificado en las jubilaciones de las personas que nacieron entre 1972 y 1973 —que generaba una situación de “nuevos cincuentones”—; y la reducción del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

Este último punto también fue introducido como una de las modificaciones de Cabildo Abierto.

¿Se puede eliminar el IASS?

Si bien todavía no hay definido qué porcentaje de reducción de IASS se contemplará en la reforma, así como tampoco los plazos de aplicación de la misma, este tributo ya había sido puesto sobre la mesa de discusión por parte del diputado colorado Gustavo Zubía, quien exigía su derogación a cambio del voto positivo a la reforma.

Sin embargo, tal iniciativa iría en sentido contrario al proyecto que busca la sustentabilidad del sistema previsional, en tanto la recaudación total de este impuesto se dirige al BPS; por lo que su eliminación implicaría el recorte de recursos para el organismo. En definitiva, un sinsentido.

Quedará por ver qué régimen de deducción implementará el gobierno para satisfacer a sus socios de la coalición. Mientras tanto, cabe recordar que recientemente se llevó a cabo una disminución de este tributo que implicó una renuncia fiscal de 30 millones de dólares para el Estado.