El problema está identificado también desde hace tiempo: todas las novedades que surgen a diario sobre el conocido caso Astesiano obligan al oficialismo a elaborar respuestas ante los duros cuestionamientos que surgen, casi automáticamente, por parte de la oposición. Y eso a su vez quita tiempo para proponer una agenda propositiva.

Es un diagnóstico que está igualmente presente en la Torre Ejecutiva, en donde tienen la esperanza de que con la sentencia de condena que Astesiano firmó esta semana con la fiscal Gabriela Fossati empiece a cerrarse “un ciclo” y deje entonces espacio para que se prioricen las noticias vinculadas a la gestión, y a resaltar aspectos considerados positivos que hoy no han tenido el destaque que entienden merecían. Por ejemplo, la inversión de la empresa forestal Lumin en Cerro Largo por 136 millones de dólares anunciada la semana pasada , “que pasó por debajo del radar”.

Pero entre los blancos no hay mayor certeza de que el caso haya llegado a un cierre. Por el contrario, esperan que los mensajes intercambiados por Astesiano y jerarcas policiales, o incluso de Presidencia, (ver aparte) seguirán apareciendo en la prensa, por lo que asumen que tendrán que afrontar el desafío de vencer una inercia que los perjudica.

“Hay que tratar de desintoxicar la agenda y procurar que no se sigan ocultando los temas importantes del gobierno”, señaló en esta línea el senador Jorge Gandini, para quien el panorama se presenta con bastante claridad: “Hay cosas que son inevitables y propias de la estrategia de gobierno y oposición, por lo cual tenemos que insistir mucho con nuestras cosas, sin dejar de aclarar y responder los ataques”.

Iturralde pide a Pereira adelantar reunión

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, pidió ayer a su par del Frente Amplio, Fernando Pereira, adelantar “con urgencia” la reunión que habían acordado para hablar de la visita que hizo Gustavo Leal a los padres de Alejandro Astesiano, el ex custodia presidencial condenado con prisión.

“Es importante y urgente que hablemos de este tema”, dijo Iturralde en diálogo con El País, y agregó: “Esto me sorprendió. Pereira me había dicho que el jueves se iba a aclarar todo y que no había ninguna irregularidad y ahora nos encontramos con esta sorpresa“.

Será un desafío no menor para los nacionalistas, porque este 2023, cuyo año legislativo está por iniciarse, estará signado por concreciones de proyectos de relevancia -como la reforma de la seguridad social o, fuera del Parlamento, la transformación educativa también en desarrollo- cuando las campañas electorales asoman en el horizonte.

“Tiene que recobrar la importancia de la agenda gubernativa, en la que el gobierno tiene muchas cosas por hacer, muchas cosas para decir y muchos logros para mostrar”, razonó el senador Gustavo Penadés.

¿Por dónde empezar, entonces? Sebastián Da Silva entiende que lo primero es “hacer tangible” los logros de gestión y subrayar conceptos como que “es inédito en el Uruguay no haber aumentado impuestos sino bajarlos en un contexto de crisis”. “Hay que dar discursos -propuso- que no tengan tantos eufemismos y que marquen claramente cómo son los hechos”. Y agregó: “Lo del Tiburcio Cachón es un ejemplo. El Frente Amplio, que se autopercibe como defensor de los temas sociales, lo cerró y nosotros demostramos que se podía hacer otra cosa”.

Que la tarea será compleja, lo reconocen todos, porque saben que en la oposición se seguirá insistiendo con la polémica de Astesiano hasta el último día, pese a la “bocanada de aire” que implicó el sorpresivo involucramiento de Gustavo Leal en este caso, ahora indagado por Fossati.

Presidencia entiende que en un nuevo audio no hay irregularidad

Los nombres del secretario de Presidencia, Nicolás Martínez, y del próximo director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, se vieron ayer envueltos en una polémica al ser mencionados como interlocutores de Alejandro Astesiano. El tema en cuestión era información de antecedentes de una persona que el exjefe de la custodia -según un audio de él mismo, reproducido ayer por Búsqueda- habría solicitado a Azambuya mientras era jefe de Policía de Florida, y entregado luego a Martínez.

En Presidencia, sin embargo, entienden que las comunicaciones fueron “ajustadas a derecho” y encuadradas dentro del decreto que reglamentó en 2006 la actividad de la custodia presidencial. La persona en cuestión, agregaron, era de la localidad de Independencia (Florida) y había amenazado al primer mandatario.